Sanidad y Educación, los dos pilares del “estado del
bienestar”. Detrás viene el resto. Pero detrás. Cualquier estado democrático
que se precie debe asegurar el acceso igualitario de sus ciudadanos a una
sanidad y a una educación de calidad. Y debe financiarlo con impuestos.
En una economía de libre mercado, el estado debe propiciar y
favorecer, precisamente, la vitalidad del mercado para que haya actividad
económica y se genere empleo, las dos fuentes primarias de recaudación
impositiva. No es el mejor de los modelos pero sí el único que no ha fracasado
estrepitosamente, de momento.
El estado, sus representantes democráticamente elegidos,
deben por tanto velar para a) aplicar una política fiscal redistributiva y justa
(y hacerla cumplir) y b) priorizar el gasto hacia la educación y la sanidad y,
luego, hacia las otras necesidades de la población. La ley debe castigar de
forma ejemplar a quien no pague impuestos o defraude. Y de eso también debe
ocuparse el estado.
¿Y por qué la financiación debe ser pública? Porque el
estado es el mejor garante del acceso igualitario hacia los servicios básicos.
Se oye mucho que la gestión y administración privadas son más eficientes, lo
que no tiene por qué ser siempre cierto. La gestión pública puede ser igual de
eficiente. Todo es ponerse. Además, la finalidad del estado es proporcionar
educación y bienestar social, físico y psicológico. La finalidad de la empresa
privada es, legítimamente, obtener beneficios. Y esos beneficios se alcanzan a
costa de los servicios. Los beneficios que obtenga cualquier externalización de
servicios básicos serían ahorro de dinero público con una gestión pública
eficiente. Y creo que esto es incuestionable.
Fuera de este núcleo duro, son más útiles las políticas
flexibles que los talibanismos. ¿Es obligatorio el uso de la sanidad o de la
educación pública? Por supuesto que no. Si estas son de verdadera calidad
debería haber pocas fugas a sistemas alternativos. Y si las hay y son fruto de
decisiones personales, las consecuencias hay que verlas desde el desahogo de la
estructura pública (ahorro para el estado) y desde la generación de actividad
económica (ingresos para el estado). El límite está en la ley, en el fraude
(por ejemplo, diagnósticos o partes de enfermedad fraudulentos, terapias no
contrastadas o peligrosas, promoción académica injusta, titulaciones falsas,
tan de moda últimamente). Nuevamente, los administradores temporales del estado
deben velar por el normal desarrollo de estas actividades dentro de un marco
legal acorde con nuestra realidad.
¿Están fuera de lugar las donaciones altruistas a los
sistemas sanitarios o educativos públicos o, ya puestos, a la obra pública o a
las infraestructuras del estado? Pues sería una estupidez renunciar a esta
fuente adicional. El límite vuelve a estar en la normativa: debe clarificarse
el qué, el cuánto, el cómo. Y asegurarse tanto de que el uso de esas donaciones
no rompe el espíritu igualitario y redistributivo, como de que el reparto de
los fondos donados se realiza con criterios técnicos, no políticos o de
clientelismo/amiguismo/cuñadismo. Con la norma clara, bienvenida sea la
donación.
Lo que no es de recibo es que se saqueen las arcas, que
cualquier pueblico deba tener universidad, polideportivo, piscina cubierta,
palacio de congresos y puente de Calatrava a mayor gloria (y riqueza) del
político local; que se dupliquen autopistas en vez de liberar las concesiones
que las hacen de peaje; que se externalicen hospitales; que nuestras ciudades
se llenen de rotondas, plazas de cemento y carriles bici mientras los
hospitales públicos se caen de puro viejo y nuestros niños son escolarizados en
barracones y contenedores; que medio país esté de baja o cobrando una “paguita”
mientras trabaja en negro… Es manifiesto que con todas estas situaciones se
obtiene renta electoral o pasta para conseguirla en forma de votos cautivos o
directamente comprados. Cada grupo a su manera, eso sí.
Así que, señores representantes democráticamente elegidos, sienten
sus prioridades: primero educación y sanidad; luego, lo demás; lo último, decir
chorradas. Y pónganse a trabajar, coño, que para eso les pagamos.
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